Reacción negativa y violenta contra profesionales que trabajan en el campo de la Protección de la Infancia
Resumen
En la Argentina, a fines de la década de los ’90, la protección de los niños comenzó a ser cuestionada, luego de un período casi exclusivamente favorable de reconocimiento del Abuso Sexual Infantil (A.S.I) en la comunidad como un problema común de la infancia. A través de amplias campañas, padres que han sido alejados de sus hijos por causas judiciales en algunos casos por denuncias de incesto paterno filial, con el apoyo de algunos abogados y supuestos «testigos expertos», han desplegado una fuerte ofensiva para desprestigiar a profesionales que trabajan en la temática, invalidar las denuncias en su contra y finalmente, desmantelar los servicios públicos que brindan atención a las víctimas. La reacción negativa violenta o backlash, ha surgido en la Argentina como un fuerte movimiento de oposición contra los profesionales que trabajan en Maltrato de Niños, poniendo en riesgo la protección infantil.
Introducción
En la sociedad occidental hay una larga tradición de descreimiento hacia las mujeres. Esta tradición se extiende hacia los niños, hacia sus hijos. La negación del incesto fue bastante exitosa hasta recientemente, fuera de la vista, fuera de la mente, pero el problema no desapareció. Diversos autores han señalado que el abuso sexual de niños ha surgido repetidamente en la conciencia pública y profesional en la centuria y media pasada, sólo para ser resuprimida por la reacción negativa o backlash que desencadena, que pone al descubierto. Según la definición que brinda el Webster’s Ninth New Collegiate Dictionary, 1985, el backlash es «la reacción adversa poderosa ante un movimiento social o político».
Como observa Finkelhor al referirse al backlash «tales desarrollos no son impredecibles ni novedosos. Los sociólogos hace tiempo han señalado que los movimientos sociales generan oposiciones, generan backlash. Todos los movimientos parecen circular a través de ciertos ciclos predecibles de atención y controversia. Tienen una «historia natural». Comienzan con la competencia por la atención pública, como cientos de asuntos sociales potenciales, con solo algunos de ellos emergiendo exitosamente a la escena pública. Entonces, el interés crece, las definiciones de los problemas cambian, las opiniones a favor y en contra van y vienen, las coaliciones se rompen, la atención decae, y eventualmente surgen otros problemas en el frente. Hay muchos patrones esperables en estos cambios.
Mauss contribuye a entender lo que genera socialmente en la conciencia pública la emergencia de un movimiento social por un tema determinado, -como lo es el movimiento social alrededor del abuso sexual infantil-. En 1975 estableció el primer principio del análisis social de los problemas: «los problemas sociales deben ser entendidos como productos de movimientos sociales» declaraciones y reflexiones de conflictos psicológicos y esfuerzos compartidos por sectores de la sociedad y proyectados en algunas actividades y objetivos particulares. Las movilizaciones por problemas sociales no duran para siempre. Algunas veces mueren, y algunas veces ceden al olvido. Los movimientos por problemas sociales, sigue diciendo Finkelhor, aún los que han sido exitosos, enfrentan resistencias, usualmente de dos tipos: oposicionales e inerciales. La forma oposicional consiste en grupos organizados de oposición. La oposición inercial es también muy real, pero más difusa: consiste en obstáculos burocráticos y demoras, falta de fondos, la presión de otros problemas sociales que compiten y la apatía y el aburrimiento del público. En la forma de resistencia oposicionista, es válido hacer una distinción mayor. Esto es entre los verdaderos intereses opuestos organizados, por una parte, y lo que ha sido denominado como contra movimientos o represalias, por la otra; Por ejemplo grupos ecologistas contra la contaminación industrial, grupos de lucha contra el cáncer contra la industria del tabaco, etc. Sigue diciendo Finkhelor «En contraste, un contra movimiento es una oposición que se desarrolla en respuesta o como reacción al éxito de otro movimiento social». No existe todavía, se desarrolla después. Lo que llamamos el backlash del abuso sexual es también un contra movimiento.
El backlash incluye a progenitores de los que se sospecha y sienten que sus reputaciones han sido comprometidas. Algunos están muy enojados y dañados (algunas veces con buenos motivos). Estos son profesionales y han provisto las energías principales detrás de grupos de padres, haciendo lobby en las legislaturas para que aprueben leyes que protejan a los progenitores y restrinjan a los servicios de protección y asistencia de la infancia. Además, los grupos de progenitores agraviados incluyen algunos tales como padres divorciados, -que nunca sufrieron investigaciones ni fueron objetos de sospechas-, pero al haber experimentado conflictos familiares devastadores, se sienten vulnerables a ellos.
El segundo gran grupo involucrado en el backlash son los abogados y algunos «testigos expertos». Cuando las sospechas de A.S.I. llegaron a la clase media, más y más abogados en años recientes se encontraron defendiendo a gente pudiente acusada de abuso de niños. Como resultado, ha devenido un campo de trabajo más especializado y definido. Una red de abogados experimentados ha reunido un cuerpo de literatura, argumentos estandarizados y razonamientos en los que basan la defensa, y un grupo de expertos y partidarios que pueden ser tenidos en cuenta para construir estos razonamientos. Estos razonamientos incluyen la idea de que los trabajadores del área de la protección infantil obran con celo excesivo al identificar el abuso, que los niños pueden ser manipulados para efectuar o consentir denuncias falsas, que una especie de mentalidad de caza de brujas e histeria sobre abuso sexual ciega a los profesionales, y así sucesivamente. Los abogados han reconocido con acierto que, para ganar las defensas de los casos de abuso de niños ayuda, si sus argumentos tienen mayor legitimidad entre el público, entre los jueces, y entre la comunidad profesional. Entonces han sido activos en hacer públicos estos argumentos y han provisto de soporte financiero a otros individuos activos en el backlash. Algunos profesionales disienten con la ideóloga que circunda del abuso sexual y algunos quizás han optado de manera oportunista por la ganancia financiera y notoriedad cobrada como «testigos expertos».
Es importante distinguir entre las críticas legitimas de las ilegitimas. Las críticas juegan un rol importante al poner en evidencia la incompetencia y la burocracia. El criticismo ilegitimo distorsiona o exagera seriamente las faltas del sistema. Inclusive, dentro del criticismo ilegitimo pueden delimitarse una distinción mayor: entre críticas honestas aunque erradas por un lado y lo que puede ser llamado criticismo maligno, por el otro. Las motivaciones de cada una son claramente distintas en unas y otras. En las investigaciones por denuncias de abuso sexual infantil, es saludable una cierta dosis de escepticismo al encarar el proceso diagnóstico. El escepticismo excesivo puede resultar destructivo.
El backlash en Abuso Sexual Infantil comenzó en la década de los ’80 en países del primer mundo tales como Canadá, Estados Unidos y El Reino Unido. En la Argentina, el backlash tuvo en el 2000 un fuerte impulso con el artículo del ex juez Eduardo Cárdenas publicado en el diario jurídico La Ley. Cárdenas, abogado con gran influencia en Tribunales, habló de la existencia de una verdadera industria de denuncias de abuso sexual, promovidas con el fin de «aislar al hijo del otro progenitor». Sin embargo su escrito parece ser una «pantalla» para atacar a determinados profesionales que le molestan, tras una supuesta defensa de la unidad familiar. Despliega una furibunda diatriba, atacando la credibilidad de quienes trabajan en instituciones públicas, además con información falsa. El artículo de Cárdenas generó un enérgico repudio a nivel local y nacional por parte de profesionales e instituciones públicas que trabajan en la temática de la Violencia Familiar.
En marzo de 2001, en una carta dirigida a la subsecretaria de Derechos Humanos, firmada por casi un centenar de profesionales de todo el país de instituciones públicas y privadas, se advierte sobre una «escalada que pone obstáculos al proceso de visualización de la violencia doméstica». En nuestro país, la justicia comenzó a recibir crecientes denuncias de Violencia Familiar. Se incluyeron delitos que tradicionalmente habían permanecido ocultos: violación marital y abuso sexual infantil; se comenzó a trabajar con familias violentas caracterizadas por el abuso físico, psicológico y financiero. Se fundaron servicios asistenciales y se inauguraron centros especializados. La Universidad abrió sus puertas al tema. Organismos no gubernamentales y diversas congregaciones religiosas destinaron sus afanes para dar respuesta a un problema complejo y específico. Mientras el problema estuvo referido a sectores marginales o de clases bajas, las denuncias progresaron vertiginosamente. Cuando empezó a circular la sospecha de que la Violencia Familiar era una problemática que atravesaba a todas las clases sociales, la tendencia de este proceso cambio radicalmente. Se disparó una reacción (backlash), disfrazada de buenas intenciones, para poner límites a los profesionales a los que se tildó de «abusadores de denuncias de abuso sexual infantil» . La reacción negativa y violenta que también se produjo en los países centrales (Estados Unidos, el Reino Unido y Canadá) cuando desnaturalizaron este tipo de abusos. Este brutal ataque tiende a: desarticular los logros conseguidos y a eliminar y disuadir a quienes lo sostienen, llevar al campo de la disputa ideológica un problema que es teórico y político, y que atraviesa a los discursos jurídico y psicosocial, a la ética y a la sociedad en su conjunto, desmantelar los servicios asistenciales abiertos para estos fines, condenarlos a una existencia encapsulada o reducirlos a su mínima expresión. Con ello se pretende: Invalidar las denuncias; Convertir en sospechoso a todo denunciante de maltrato; Diluir los límites que separan a víctimas de victimarios; Confundir la cuestión incorporando los escasos casos de violencia contra varones (niños/adultos) ejercida por mujeres. En síntesis se intenta invertir el sentido de la conducta abusiva al atribuírsela a quien denuncia o protege, buscando reforzar la violencia vigente y condenar a perpetuidad a todo niño que sufre, a la vez que pretende llevar a la impotencia a los profesionales que hasta ahora, llevan en bastante soledad la pesada carga de sostener la protección de las víctimas, con escaso o inadecuado apoyo institucional.» La problemática fue reflejada también en un artículo del matutino Página/12, de fines de 2000 al denunciar «Acciones contra expertos en Violencia Familiar: una campaña que es un abuso».
La literatura del backlash en nuestro país también se apoya, en los escritos de Richard Gardner, uno de los críticos más acérrimos del sistema de protección de la infancia en los Estados Unidos. Desafortunadamente, sus escritos carecen de balance y de objetividad, siendo por ello cuestionados gran parte de la comunidad científica.
Gardner describió en 1987 lo que llamó el «síndrome de alienación parental», diciendo que ocurre en casos donde se disputa la tenencia de los niños en juzgados de familia: «Una consecuencia de esta batalla fue el desarrollo en el niño de lo que yo refiere como el síndrome de alienación parental. Típicamente, el niño difama viciosamente uno de los padres e idealiza al otro. Esto no está causado solamente por el lavado de cerebro parental del niño. Más bien los niños mismos contribuyen con sus propios escenarios a sostener al padre favorecido. Mi experiencia ha sido que en alrededor del 80 a 90% de los casos, la madre es el progenitor favorecido y el padre el vilipendiado». Es importante señalar, que el «síndrome de alienación parental» no ha sido sujeto de estudios empíricos ni ha sido publicado en revistas científicas o médicas para la revisión de los colegas. El síndrome es poco más que las opiniones de Richard Gardner, basadas en su experiencia clínica.
Pero el tema principal es que, claramente, el «síndrome de alienación parental» no está aceptado como un modo confiable científicamente de determinar si una denuncia de abuso sexual es verdadera o falsa. Más aun, muchos de los escritos de Gardner, incluyendo su discusión de su «síndrome de alienación parental» está sesgado contra las mujeres. El prejuicio de género infecta el síndrome y lo torna un arma poderosa para minar la credibilidad de las mujeres que denuncian abuso sexual infantil. Este prejuicio se extiende hacia las profesionales mujeres que trabajan en el campo de protección de la infancia. Como consecuencia, el «síndrome de alienación parental» perpetua y exacerba los prejuicios de género contra las mujeres.
A menudo, el público y algunos profesionales son confundidos por la publicidad mediática y artículos publicados en revistas, aparentemente científicos, pero que en realidad, son opiniones pre juiciosas o el resultado del exceso al generalizar los resultados de las investigaciones en el tema. La desinformación (mala información) es una táctica común usada para defender gente que ha cometido crímenes. La literatura distorsionada del backlash inflige un daño tremendo al sistema de protección de la infancia y, finalmente, a los niños.
Penfold (1995) señala: «¿En qué medida los estereotipos y mitos acerca de la conducta masculina y femenina contribuyen a las controversias por denuncias falsas, y a la enorme variación en las opiniones de los expertos?. ¿Son los ‘padres desviados’ pensados como sufriendo de impulsos biológicos irresistibles que los lleva a abusar de sus niños? ¿Son las ‘madres mentirosas’ consideradas arquetipos de mujeres malas, destructivas, vengativas y engañosas?» Algunos abogados y peritos sostienen que virtualmente todas las denuncias de abuso sexual en el contexto de una disputa por la custodia de un niño son falsas, invocando el ubicuo «síndrome de alienación parental». Todos nosotros tenemos nociones preconcebidas y estereotipadas acerca de cuestiones legales de familia por nuestras experiencias personales de vida. Muchos factores pueden influir la opinión de los expertos incluyendo el prejuicio de género, la sobreidentificación con el niño, la ingenuidad acerca de la veracidad de las diferentes partes involucradas y creencias erróneas acerca de la naturaleza científica de los marcos y tests de diagnóstico. Sorprendente en ese sentido es mi propia experiencia de haber sido acusada en ámbitos legales de «prejuicios feministas» por personas que obviamente pensaron que no podía existir la posibilidad de otra suerte de prejuicio.
Los que trabajamos en el medio judicial sabemos que, en algunas batallas por la tenencia, un progenitor intenta predisponer al niño contra el otro progenitor. El niño deviene un objeto en la pelea. Tal conducta es altamente perjudicial para el niño. Las batallas por la tenencia algunas veces hacen emerger lo peor de la gente. Como señala S. Hewitt: «En los casos en los que hay una animosidad entre progenitores que están en proceso de divorcio y cuando emergen denuncias de abuso, la tensión entre los padres puede ser intensa. El progenitor que tiene la tenencia del niño puede devenir muy resistente a cualquier forma de contacto entre el niño y el/la ex cónyuge. Sus acciones pueden emanar del conocimiento íntimo del supuesto perpetrador y el miedo de sus acciones, especialmente si ha habido una historia de violencia doméstica o de abuso de drogas. Estas acciones pueden ser también alimentadas por miedos provenientes de historias personales irresueltas de abuso, intensa aversión o enojo hacia el/la ex cónyuge, o de un interrogatorio impropio que ha resultado en denuncias que no pueden ser sustanciadas. A pesar de atravesar la investigación, el progenitor que detenta la tenencia puede todavía mantener una creencia inamovible de que el abuso ha ocurrido».
Ya señalo con anterioridad que, en mi experiencia, en disputas por régimen de visitas y/o por la custodia, puede observarse a niños y hasta adolescentes que expresan marcado rechazo a relacionarse con uno de los progenitores. Con demasiada frecuencia, suele argumentarse que es por simple inducción de uno de los padres. Creo fundamental enfatizar que el hecho de que los niños sean influenciados por los adultos que los cuidan no los convierte en ventrílocuos. Una cuestión es decir que los niños aprenden la lengua materna y muy otra es afirmar que el niño es un mero objeto repetidor de las expresiones parentales. Casos particularmente problemáticos para los operadores judiciales son aquellos en que los niños presentan rechazo o temor aparentemente ‘inexplicables’ hacia uno de los progenitores. Frente a lo desconocido o lo ignorado surgen los mitos y prejuicios. Especialmente si el padre es de nivel sociocultural medio o alto, o los padres están atravesando un divorcio conflictivo, o hay incesto, abuso emocional o abandono. Como dijera más arriba, el mito del padre inductor es la explicación más corriente cuando hay denuncias de incesto, abandono o abuso emocional infantil no comprobadas judicialmente. Aquí suelen ser catalogadas de ‘falsas denuncias’, sin discriminarse denuncias falsas ‘intencionales’ (invento) de aquellas denuncias infundadas o no sustanciadas (el nivel de evidencia no alcanza para llevarlas a juicio)».
Mi experiencia personal al evaluar sospechas de A.S.I. por orden judicial en el Cuerpo Médico Forense mediante el examen psiquiátrico -que incluye la entrevista investigativa forense- proveen los siguientes datos estadísticos en una muestra de 315 casos de niños y niñas entre 2 y 18 años de edad, entre 1994 y 2000.
Virginia Berlinerblau
Médica Especialista en Psiquiatra Infanto Juvenil
Médica Especialista en Medicina Legal
Médica Forense de la Justicia Nacional
vircont@uolsinectis.com.ar